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La Guardia Civil investiga en Santander a dos empresarios por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores tras manipular uralita con amianto sin protección
Por Esther Casabó
Publicado en 26/05/2026 11:08
Cantabria

La Guardia Civil de Cantabria ha abierto diligencias en calidad de investigados contra dos empresarios, de 31 y 46 años y vecinos de Santander y Camargo, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, tras detectarse la manipulación de material con amianto sin las medidas de seguridad obligatorias.

Los hechos se remontan al pasado 9 de febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) tuvo conocimiento de que en un establecimiento de Santander se estaban realizando trabajos de desmontaje de unos garajes, incluyendo la retirada de cubiertas de uralita.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar, donde localizó las placas ya cargadas en una furgoneta de la empresa contratada, listas para su traslado. En la intervención, los agentes identificaron a los trabajadores, entre ellos el propio responsable de la empresa ejecutora de los trabajos.

Durante la inspección inicial, los agentes constataron que los operarios manipulaban el material sin equipos de protección individual obligatorios, como mascarillas de alta filtración o trajes herméticos, lo que suponía un riesgo grave para su salud. Según la investigación, el empresario no habría adoptado las medidas preventivas exigidas por la normativa de riesgos laborales para este tipo de intervenciones.

Ante la gravedad de los hechos, el SEPRONA procedió a la paralización e intervención del material, además de tomar muestras de la uralita, que fueron remitidas al Laboratorio de Criminalística de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) en Madrid. Asimismo, se dio aviso a la Inspección de Trabajo.

Posteriormente, ya en el mes de mayo, los análisis confirmaron que el material contenía amianto, una sustancia altamente peligrosa para la salud si no se manipula bajo estrictas condiciones de seguridad.

Con estos resultados, la Guardia Civil ha instruido diligencias contra los responsables tanto de la empresa encargada de la retirada como del establecimiento que contrató el servicio, al considerar que podrían haber incurrido en un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por exponer a un operario a materiales con amianto sin la debida protección.

Desde el Instituto Armado se recuerda que la manipulación, retirada y gestión de materiales con amianto está sujeta a una normativa muy estricta y solo puede ser realizada por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), con equipos especializados y protocolos específicos de seguridad.

 

El objetivo de estas medidas es evitar la liberación de fibras altamente nocivas, cuya exposición puede derivar en enfermedades respiratorias graves a largo plazo.

 fotografía del SEPRONA inspeccionando las uralitas.

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