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Detenida en el Puerto de Santander una mujer con una orden judicial en vigor tras llegar en ferry desde Inglaterra
Por Esther Casabó
Publicado en 28/05/2026 09:53
Cantabria

La Guardia Civil ha detenido en el Puerto de Santander a una mujer de 40 años sobre la que pesaba una orden de búsqueda, detención y personación dictada por un juzgado de Badajoz. La actuación se produjo tras la llegada de un ferry procedente de Portsmouth (Reino Unido), dentro de los controles habituales de seguridad y vigilancia fiscal realizados en las instalaciones portuarias.

Según ha informado la Guardia Civil, la detenida, de nacionalidad rumana, estaba siendo reclamada judicialmente en relación con un presunto delito contra el patrimonio.

El arresto tuvo lugar el pasado 24 de mayo durante un dispositivo desplegado por agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en el Puerto de Santander. Estos controles se realizan tanto a la llegada como a la salida de ferris con origen o destino en Portsmouth, con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza y prevenir actividades ilícitas.

Durante una de las inspecciones rutinarias, los agentes identificaron a la mujer y comprobaron que tenía en vigor una requisitoria judicial emitida por un juzgado extremeño. Tras verificar la información, procedieron a su detención y posterior puesta a disposición del juzgado de guardia de Santander.

La Guardia Civil recuerda que entre las funciones de las unidades de Fiscal y Fronteras se encuentran la protección de costas y fronteras, el control fiscal del Estado y la lucha contra el contrabando y otros tráficos ilegales. En el caso del Puerto de Santander, estas unidades desempeñan además labores de seguridad en las instalaciones portuarias y en los accesos internacionales.

El operativo se desarrolló con normalidad dentro de los dispositivos habituales que se realizan coincidiendo con la llegada de pasajeros procedentes del extranjero, especialmente en conexiones marítimas internacionales.

Una intervención discreta, pero efectiva, que demuestra que en ocasiones un simple control documental puede terminar con una orden judicial resuelta antes incluso de bajar del ferry.

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