La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la importación irregular de camiones procedentes del Reino Unido a través del Puerto de Santander, que posteriormente eran destinados a su desguace y venta por piezas sin las autorizaciones correspondientes.
La investigación, desarrollada en el marco de la operación “MOSLEP”, ha permitido detectar la llegada de 65 cabezas tractoras, de las cuales solo 20 fueron declaradas como vehículos, sin que en ningún caso se especificara su destino final como residuos para desguace, lo que constituye una omisión relevante tanto en materia aduanera como medioambiental.
Importación irregular y fraude fiscal
Según la información facilitada por la Guardia Civil, la empresa responsable de la importación, con base en la provincia de Zaragoza, carecía de autorización para el traslado de residuos y para la gestión de este tipo de actividad industrial.
El valor estimado de la mercancía asciende a unos 300.000 euros, con un fraude asociado de aproximadamente 130.000 euros en concepto de IVA no declarado.
Detenciones e investigación de implicados
La operación se ha saldado con cuatro detenciones y siete personas investigadas, con actuaciones desarrolladas principalmente en Zaragoza y con un investigado adicional en Burgos. A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública, contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como pertenencia a organización criminal.
La estructura del grupo, según los investigadores, estaba perfectamente organizada, con funciones diferenciadas en logística, mecánica y control de piezas de segunda mano.
Naves ilegales en La Muela
Las pesquisas condujeron a varias inspecciones en una nave situada en el municipio de La Muela, donde se realizaba el despiece de los vehículos para su posterior venta como recambios.
Durante la explotación de la operación, en mayo, se registró también una vivienda en Zaragoza y dos naves industriales. En el dispositivo participaron efectivos de la SEPRONA, inspectores de trabajo del Gobierno de Aragón y unidades especializadas de la Guardia Civil.
En los registros se intervinieron 12.000 euros en efectivo, supuestamente procedentes de la actividad ilícita, además de numerosas piezas de camiones preparadas para su comercialización.
Impacto ambiental y ausencia de control
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es la constatación de que no se realizaba el tratamiento obligatorio de residuos, ni se contaba con las autorizaciones ambientales necesarias para el desguace de vehículos, lo que supone un riesgo añadido para el entorno.
Las autoridades subrayan que este tipo de actividades no solo generan fraude económico, sino también un impacto directo en la gestión de residuos industriales, al eludir los controles establecidos por la normativa europea.
La operación ha contado además con el apoyo del Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Cantabria, con un perro especializado en detección de dinero, así como con efectivos de las comandancias de Zaragoza y Burgos.
Imagenes:Guardia Civil
