El Ayuntamiento de Laredo se enfrenta a un escenario de máxima tensión institucional tras recibir un oficio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el que se advierte de la posible retirada de parte del paseo marítimo si el Pleno municipal no aprueba las condiciones exigidas para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
El documento, según ha explicado el equipo de Gobierno en rueda de prensa, da un plazo de quince días para comunicar formalmente el acuerdo adoptado por el Pleno del pasado 6 de marzo de 2026, en el que se rechazó el condicionado estatal. En caso de mantenerse ese rechazo, el Ministerio iniciaría el procedimiento para ordenar la restitución del espacio afectado.
Una actuación sobre 20.000 metros cuadrados en dominio público
El área afectada abarcaría cerca de 20.000 metros cuadrados de paseo marítimo, en el tramo comprendido entre la zona del cine de verano y Carlos V. Según la comunicación, al tratarse de suelo de dominio público marítimo-terrestre sin título habilitante vigente, se podría exigir la retirada de la infraestructura.
El propio Ayuntamiento ha cifrado en 4,27 millones de euros el coste estimado de redacción del proyecto de demolición y restitución, una cantidad que, de ejecutarse, recaería sobre las arcas municipales.
La versión del Ministerio: concesión condicionada y protección del litoral
Fuentes del ámbito estatal en materia de costas recuerdan que la Ley de Costas establece que cualquier ocupación del dominio público marítimo-terrestre debe contar con autorización expresa y condiciones técnicas específicas, orientadas a garantizar la protección del litoral, la seguridad frente a temporales y la adaptación al cambio climático.
En este tipo de procedimientos, el Ministerio suele vincular la concesión a la aceptación de medidas correctoras, especialmente en zonas sensibles a la erosión o riesgo de inundación.
Un conflicto político con fuerte carga institucional
El alcalde de Miguel González ha defendido que la situación es consecuencia directa del rechazo del Pleno al condicionado estatal y ha pedido a los grupos municipales “responsabilidad institucional” para evitar la demolición de la infraestructura.
En sus declaraciones, ha insistido en que la alternativa supondría perder inversiones y asumir posteriormente un coste millonario de retirada del paseo.
Desde la oposición municipal se reclama analizar con detalle el expediente y evitar decisiones precipitadas que puedan comprometer la seguridad jurídica y la planificación del litoral, a la espera de disponer de toda la documentación técnica.
Mención directa a un concejal y tensión política
El regidor también ha señalado al concejal Ramón Arenas, al que atribuye un papel activo en la remisión de documentación al Ministerio en relación con el acuerdo plenario. Estas afirmaciones han elevado la tensión política en el Ayuntamiento, donde la oposición critica la personalización del conflicto.
Un nuevo Pleno extraordinario en el horizonte
El equipo de Gobierno ha anunciado la convocatoria de una comisión informativa urgente y la celebración de un Pleno extraordinario en los próximos días, donde el asunto volverá a debatirse y votarse.
La decisión será clave: aceptar el condicionado permitiría mantener la concesión del paseo marítimo y desbloquear el proyecto de remodelación previsto, mientras que su rechazo podría activar el procedimiento de restitución del dominio público.
Un proyecto mayor en juego
El conflicto se extiende al proyecto global de renovación del frente marítimo, valorado en torno a 8 millones de euros y financiado por el Gobierno autonómico.
El plan incluye actuaciones de renaturalización del entorno del río Mantilla, mejoras en la protección dunar y refuerzos frente a inundaciones en distintos barrios del municipio.
Entre la conservación y el cumplimiento normativo
El caso reabre el debate sobre la convivencia entre infraestructuras consolidadas y la normativa de protección del litoral. Mientras el Ayuntamiento defiende la continuidad del paseo como pieza clave del municipio, la administración estatal insiste en la necesidad de garantizar la legalidad y la adaptación a los riesgos del litoral.
En los próximos días, el Pleno municipal será quien determine si Laredo mantiene su paseo marítimo intacto o si se abre la puerta a un escenario sin precedentes: la retirada de una parte significativa de su fachada marítima.
