La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha autorizado este martes, 3 de noviembre, la construcción de la planta de biogás proyectada en Hazas de Cesto y del parque eólico Somaloma-Las Quemadas, dos iniciativas que avanzan en su tramitación administrativa después de varios años de procedimientos, modificaciones y controversia territorial.
Ambos proyectos han obtenido el visto bueno por unanimidad de la Comisión Permanente de la CROTU, tras analizar los informes técnicos de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y los informes sectoriales incorporados a sus respectivos expedientes.
La decisión corresponde a un órgano de la Administración autonómica dependiente del Gobierno de Cantabria. No se trata de una votación del Consejo de Gobierno, sino de una resolución adoptada por la Comisión Permanente en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.
Las dos autorizaciones llegan, además, en un contexto de oposición ciudadana a determinadas instalaciones energéticas y de debate sobre su implantación en el territorio rural cántabro.
HAZAS DE CESTO: UNA PLANTA DE 30 MILLONES Y CINCO AÑOS DE TRAMITACIÓN
La planta de biogás de Hazas de Cesto, promovida actualmente por Verdalia Bio Hazas, S.L.U., contempla una inversión cercana a los 30 millones de euros y se ubicará en la zona de Molino Carrera, en el entorno de Praves.
La historia administrativa de esta instalación se remonta a 2021, cuando la empresa Biofertilizantes Green Gass, S.L. presentó la solicitud para desarrollar una planta de tratamiento de purines y producción de biometano y fertilizante orgánico.
El 12 de noviembre de 2021, el entonces consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, firmó la declaración de interés social del proyecto. Esta resolución, adoptada durante el anterior Gobierno PRC-PSOE, permitió abrir la vía administrativa para tramitar la instalación sobre suelo rústico.
Conviene precisar que la iniciativa empresarial partió de la promotora y no del entonces consejero, aunque su firma fue determinante en aquel primer paso administrativo.
Posteriormente, el proyecto pasó a manos de Verdalia Bioenergy y experimentó importantes modificaciones respecto a su planteamiento inicial, tanto en su configuración técnica como en las condiciones de funcionamiento previstas.
Entre los principales cambios comunicados por el Gobierno regional figuran la limitación de las materias primas a residuos ganaderos, fundamentalmente purines y estiércol; el almacenamiento en instalaciones cerradas; la incorporación de sistemas de tratamiento de olores y emisiones; y la eliminación de las balsas al aire libre contempladas inicialmente.
También se ha reducido la superficie prevista, que pasa de unos 40.000 metros cuadrados a aproximadamente 20.370 metros cuadrados.
En julio de 2025 obtuvo un Informe de Impacto Ambiental favorable, que determinó que no era necesario someter el proyecto a una evaluación ambiental ordinaria, siempre que se cumplieran las medidas y condiciones establecidas.
Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, el Gobierno de Cantabria concedió a Verdalia la correspondiente Autorización Ambiental Integrada, que establece las condiciones de funcionamiento y los controles ambientales de la instalación.
Con la autorización urbanística aprobada ahora por la CROTU, el proyecto supera otro de los principales trámites autonómicos. Para iniciar las obras deberá contar también con la correspondiente licencia municipal y cumplir las condiciones establecidas, incluida la licencia de segregación mencionada en el comunicado del Ejecutivo regional.
10.000 FIRMAS CONTRA LA MACROPLANTA
La tramitación de la planta no ha estado exenta de oposición social.
La Asociación Stop Macroplanta de Purines y Otros Residuos en Hazas de Cesto ha encabezado la movilización ciudadana contra la instalación, con el manifiesto «5 kilómetros para vivir en paz», respaldado por 10.000 firmas.
El 2 de abril de 2025, el Pleno del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte aprobó por unanimidad el manifiesto contra la macroplanta de metano en Hazas de Cesto y otras posibles instalaciones de características similares en lugares habitados de Cantabria.
El 8 de mayo, representantes de la asociación, el alcalde de Ribamontán al Monte y la presidenta de la Junta Vecinal de Las Pilas trasladaron las firmas y el documento al Parlamento de Cantabria.
La oposición vecinal también ha tenido presencia en Onda Marina, donde hemos escuchado a residentes de Las Pilas explicar sus motivos de rechazo y sus preocupaciones ante la implantación de este tipo de instalaciones en su entorno.
Entre las cuestiones planteadas por los colectivos contrarios al proyecto figuran la proximidad a núcleos habitados, las posibles afecciones ambientales, el transporte de residuos y las consecuencias para el entorno rural.
El debate también llegó al Parlamento de Cantabria, donde se discutió la postura del Ejecutivo autonómico respecto a la planta y el modelo de implantación de instalaciones de producción de biogás.
SOMALOMA-LAS QUEMADAS: NUEVE AEROGENERADORES Y 43,2 MEGAVATIOS
El segundo proyecto autorizado por la CROTU es el parque eólico Somaloma-Las Quemadas, promovido por EDP Renovables.
La instalación contempla nueve aerogeneradores de 4,8 megavatios de potencia unitaria, lo que supone una potencia total de 43,2 megavatios.
El proyecto afecta a los municipios de Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río y Valdeolea e incluye las infraestructuras necesarias para evacuar la electricidad generada.
Su presupuesto de ejecución material asciende a 34.916.220,78 euros.
La tramitación del parque ha estado marcada por importantes dificultades administrativas y judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anuló autorizaciones administrativas anteriores relacionadas con el proyecto.
La primera sentencia, de 31 de marzo de 2025, declaró nula la autorización administrativa previa de febrero de 2023 al considerar que una modificación sustancial del proyecto no había sido sometida a un nuevo periodo de información pública.
Posteriormente, el 11 de mayo de 2026, el tribunal volvió a declarar nula aquella autorización en otro procedimiento, señalando también insuficiencias en el análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos del parque con otros cinco proyectos eólicos previstos en la zona.
La nueva tramitación incorporó un estudio específico de esos efectos y culminó con una nueva Declaración de Impacto Ambiental favorable, emitida en mayo de 2026.
El órgano ambiental consideró viable el proyecto con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas.
EL AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA TAMBIÉN PRESENTÓ SU OPOSICIÓN
La oposición al parque eólico no se ha limitado a particulares y organizaciones ecologistas.
El expediente oficial recoge un escrito presentado el 6 de octubre de 2025 por el Ayuntamiento de Valdeolea, en el que manifestó su oposición al desarrollo eólico por la elevada concentración de proyectos de este tipo en el municipio y por el impacto paisajístico acumulativo que podrían generar.
También presentó alegaciones el Concejo Abierto de Sotillo-San Vítores, que cuestionó las afecciones ambientales, la biodiversidad, la conectividad ecológica y la posible pérdida de valor del patrimonio comunal.
A estas posiciones se sumaron las alegaciones de más de un millar de particulares y nueve asociaciones y entidades.
Entre ellas figuran la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), SEO/BirdLife, Fundación Oso Pardo, Territorio Cántabro, la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, la Fundación Piedad Isla y Juan Torres, la Mesa Eólica de la Montaña Palentina y la Asociación Ecología y Libertad.
El expediente recoge asimismo objeciones de la Junta Vecinal de Matarrepudio por la coincidencia de varias líneas de evacuación en sus terrenos, así como cuestiones planteadas por otros organismos y entidades durante la tramitación.
La empresa promotora respondió a las alegaciones y defendió la configuración actual del proyecto, que contempla nueve aerogeneradores.
Los antecedentes judiciales corresponden a autorizaciones anteriores y no deben confundirse con la nueva tramitación, que ha contado con una evaluación ambiental posterior y ha obtenido ahora la autorización urbanística de la CROTU.
DOS AUTORIZACIONES Y UN DEBATE QUE SIGUE ABIERTO
Las decisiones adoptadas por la CROTU permiten avanzar a dos proyectos energéticos de características diferentes, pero que comparten un elemento: la controversia generada por su implantación en el territorio.
En Hazas de Cesto, la oposición ciudadana ha conseguido reunir 10.000 firmas y el respaldo unánime del Pleno de Ribamontán al Monte a un manifiesto contrario a la macroplanta.
En el caso de Somaloma-Las Quemadas, el rechazo ha quedado documentado en alegaciones de particulares, asociaciones y administraciones locales, además de los antecedentes judiciales de su primera tramitación.
Con el respaldo unánime de la Comisión Permanente, la CROTU ha concedido las autorizaciones urbanísticas correspondientes a ambos proyectos, dentro de las competencias que tiene atribuidas como órgano de la Administración autonómica.
El siguiente paso será el cumplimiento de los condicionantes y trámites que todavía correspondan antes de que las dos iniciativas puedan materializarse.
