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La jueza procesa al principal investigado del caso NOVO BANCO en Santander por presunta estafa, falsedad documental y administración desleal
Por Esther Casabó
Publicado en 28/05/2026 11:57
Tribunal

La titular de la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado continuar el procedimiento judicial contra el gestor financiero investigado en el conocido caso de NOVO BANCO, al apreciar indicios de un presunto delito continuado de estafa, falsificación de documento mercantil y administración desleal.

La resolución, dada a conocer este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, transforma las diligencias previas abiertas en 2020 en procedimiento sumario ordinario, paso previo a la posible apertura de juicio oral.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Fiscalía después de que el propio gestor pusiera en conocimiento del Ministerio Público una serie de hechos presuntamente delictivos relacionados con la operativa financiera desarrollada en la oficina de NOVO BANCO en Santander.

Una supuesta operativa para beneficiar a familiares

Según recoge el auto judicial, apoyado en un informe elaborado por Vigilancia Aduanera, el investigado habría utilizado inversiones realizadas en nombre de clientes de su cartera para redistribuir de manera arbitraria los beneficios obtenidos en productos financieros derivados.

La magistrada sostiene que esa operativa habría generado perjuicios económicos a numerosos clientes mientras favorecía presuntamente a familiares directos del gestor, entre ellos su esposa, su padre y sus tres hermanos.

El informe describe una estructura financiera organizada mediante diferentes grupos de cuentas bancarias abiertas a nombre de familiares, pero que, según los investigadores, eran controladas directamente por el propio gestor.

A través de esas cuentas se habrían realizado múltiples transferencias, retiradas de efectivo y pagos destinados a gastos personales, viajes y asignaciones periódicas mensuales de entre 1.000 y 2.000 euros.

La jueza ha solicitado además un nuevo informe al Servicio de Vigilancia Aduanera para cuantificar el posible beneficio económico obtenido por los familiares vinculados a la presunta operativa.

Archivo para otros tres investigados

La instructora también ha acordado el archivo de la causa respecto a otras tres personas que figuraban como investigadas: el antiguo director de la oficina de NOVO BANCO en Santander, otro gestor financiero y una cuñada del principal investigado.

En relación con esta última, la magistrada concluye que, aunque existían cuentas bancarias a su nombre utilizadas dentro de la estructura investigada, no existen indicios de que obtuviera beneficio económico directo ni de que participara conscientemente en los hechos investigados.

Respecto al exdirector de la oficina, el auto resulta especialmente crítico con la falta de control interno dentro de la entidad bancaria. La jueza considera acreditada una actuación “gravemente negligente e irresponsable” en las labores de supervisión, aunque entiende que no existen pruebas suficientes para atribuirle participación dolosa en los delitos investigados.

La resolución judicial habla incluso de una “relajación generalizada de controles internos” y de una “normalización de prácticas irregulares” dentro de la oficina bancaria, aunque subraya que esa deficiente supervisión no basta para sostener una imputación penal.

Tampoco aprecia la instructora indicios suficientes contra el otro gestor financiero investigado, al no constar pruebas de enriquecimiento personal ni participación directa en las operaciones presuntamente fraudulentas.

Un procedimiento todavía abierto

El caso continúa ahora centrado exclusivamente en el principal investigado, mientras la instrucción sigue avanzando para determinar el alcance económico de la presunta trama y el perjuicio causado a los clientes afectados.

La decisión judicial supone un nuevo avance en una investigación compleja iniciada hace ya seis años y que pone el foco sobre los mecanismos de control interno en entidades financieras y la protección de los inversores frente a posibles prácticas irregulares.

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